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¿INTERVENTORES EN LOS HOSPITALES PORTEÑOS?

Editorial

26/01/2019

Se sabe, los hospitales públicos son entidades deficitarias por definición, su noble misión es salvaguardar y responder por la salud integral de los ciudadanos, algo tan básico e indispensable como eso. Entonces resulta lógico y natural que menos del 5% del sistema hospitalario público porteño se cubra con fondos propios, surgidos del pago de obras sociales y prepagas, y el resto, con Rentas Generales que deben incluir también la adquisición de equipamiento. Sin embargo, a comienzos de diciembre pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta elaboró el Decreto 409, por el que designó a veinte funcionarios con el rango de “directores de gestión administrativa hospitalaria” -no necesariamente médicos- que actuarán como virtuales interventores de los principales hospitales porteños.

El decreto dispone que 16 de los veinte nuevos directores estén a cargo de los hospitales más importantes, entre ellos el Santojanni, y que los otros cuatro se repartan las funciones de los 16 nosocomios restantes, cuatro hospitales cada uno.

Mientras tanto, los actuales directores de los hospitales entienden la medida como una intromisión y creen adivinar en ella un modelo de gestión privada, incompatible con la esencia de los centros que administran. Como sea, queda claro que el gobierno porteño desconfía de cómo desarrollan su labor o, por lo menos, no los cree capaces de iniciar un ajuste como el que exigen desde el FMI.

Según lo establecido en el decreto, todas las áreas que tienen que ver con el financiamiento del hospital van a quedar en manos de estos nuevos funcionarios –que aún no han sido designados- con lo cual, su peso va a resultar decisivo. Los médicos se oponen a que estos administradores, que juzgan ajenos al conocimiento de la salud y les atribuyen la figura de CEOs, tengan poder sobre decisiones trascendentes, como la compra de equipamiento o la configuración de los turnos.

Además, aunque los nuevos funcionarios ostentarán el mismo escalafón jerárquico que los directores generales, no tendrán, como ellos, responsabilidad penal sobre las decisiones.

Desde el Ministerio de Salud, por su parte, exponen como principal argumento del decreto el tema de la cobranza a prepagas y obras sociales, “algo que a veces no se hace sólo porque el hospital es gratuito, pese a que el paciente es afiliado. No queremos que OSDE sea más rentable de lo que es porque el sistema no le cobró”, sostienen.

También se expresó al respecto la Asociación de Médicos Municipales (AMM). En un comunicado remarcaron que se oponen “a la imposición de una figura extraña al servicio público de salud como máxima autoridad de los hospitales de la Ciudad y a los intentos de responsabilizar a los directores de los hospitales del fracaso de las políticas de salud que se están implementando”. Y advierten que el “recorte de funciones de aquellos que han sido formados en el servicio público de salud para suplantarlos por figuras tecnocráticas, tiene una sola meta: recortar el gasto y las prestaciones en salud”.

El titular de la AMM, Dr. Jorge Gilardi, fue aún más allá y sostuvo sin medias tintas que “se trata de un gerenciamiento”. Y añadió que “es bueno que se controle el gasto y que haya eficiencia en la administración de un hospital, pero en función del director médico, que es quien marca las políticas de salud de un hospital público”. Además subrayó que la entidad que preside no conoció el decreto hasta que fue publicado. “Eso nos llamó mucho la atención, porque estas cosas, siempre es bueno hacerlas con consenso”, expresó.

Una vez más la palabra “ajuste” vuelve a sobrevolar el cielo de los porteños. Y siempre se la asocia a áreas claves para el cuidado y el desarrollo del ser humano. Ajuste y salud pública son dos expresiones que no se llevan bien, porque la primera no sabe de sensibilidad social, ni de igualdad, ni de justicia, sólo de obediencia debida.


Lic. Ricardo Daniel Nicolini


(cosasdebarrio@hotmail.com)



 
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Año XX - Nº 191 - Segunda Epoca
Enero 2019

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